Una economía con un papel central de la salud, el entretenimiento, la diversidad, la comunidad y el espacio público.
Desde la pandemia se está hablando mucho de la necesidad de transformar el modelo económico predominante. Por fin, parece que se extiende un nuevo sentido común que pone en el centro el cuidado de las personas y del planeta. Lo he constatado con grata sorpresa en los últimos meses, en diferentes actos públicos con participación de agentes económicos varios y representantes de las administraciones públicas, donde he visto bastante consenso en esta necesidad de transformación. Pero no nos confiemos: el camino de transformación hacia una economía que priorice la prosperidad sostenible y el bienestar para todo el mundo, tiene y tendrá muchas trabas.
Por un lado, los sectores privilegiados de toda la vida, como el lobby energético o inmobiliario y los grandes rentistas. Por otro, tampoco podemos perder de vista que el capitalismo actual ha generado una estructura de pensamiento que tiene un peso muy importante en nuestra psicología, poniendo difícil que pensemos de otro modo. Y finalmente, porque este es un sistema que tiene una gran capacidad de cambio y el cual sabe cómo adaptar el lenguaje sin que, en el fondo, cambie nada –ponerle el adjetivo feminista o pintarlo de verde no es transformador per se–.
En este esfuerzo de transformación de la economía, el papel de las administraciones públicas es determinante, como lo ha sido en otros muchos temas como el tabaco o los derechos de la mujer. Una transformación que no sería posible sin escuchar qué dicen asociaciones vecinales o movimientos sociales.
En este sentido, Barcelona está haciendo una apuesta clara por la transformación urbana, hacia una ciudad sostenible, verde, con comunidades fuertes, y articulada alrededor de un uso más equitativo y sano del espacio público, que ya se conoce como Superilla Barcelona. Calles para pasear; compras en comercios y mercados de proximidad; construcción y rehabilitación de casi 4.000 viviendas de alquiler; creación de una cartera de Bajos de Protección Oficial para destinarlos a la dinamización comercial, social, cultural o económica; movilidad sostenible, invirtiendo en la bicicleta y el tranvía; y un largo etcétera. Estas políticas públicas ponen, claramente, a los vecinos y las vecinas en el centro e impulsan la reactivación económica desde la sostenibilidad, la diversificación, la proximidad y la estabilidad laboral, y sin perder la necesaria perspectiva de que el sistema tiene que reinventarse en términos de justicia redistributiva, y de aquí iniciativas como el servicio de canguro municipal para facilitar la conciliación familiar.
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