La futura Ley Estatal de Vivienda supone la oportunidad de cambiar el rumbo y dirigirnos hacia un sistema que garantice el derecho a una vivienda digna. La manifiesta incapacidad del mercado y el fracaso de las políticas del pasado para resolver la emergencia habitacional nos obligan a explorar nuevas vías. Una década después de la gran crisis habitacional del 2008 que expolió a miles de familias, y gracias a la incansable lucha de los movimientos por el derecho a la vivienda asistimos a un nuevo consenso europeo. El 21 de enero, el Parlamento Europeo sentenció que los Estados deben regular el mercado inmobiliario. Este hito coincide además con el lanzamiento de ambiciosos paquetes de fondos europeos que España debe aprovechar para reconvertir el sector inmobiliario.
Nos jugamos mucho con esta Ley Estatal de Vivienda. El último informe de CCOO, con datos oficiales del INE, dibuja una situación gravísima: tres millones de inquilinas e inquilinos, el 41% de todo el Estado, soportan un alquiler excesivo. Es decir, dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. Y esta situación puede agravarse tras la crisis del covid-19. La regulación de precios es, por lo tanto, una tarea urgente a acometer por la futura ley. Es un instrumento para aliviar el ahogo económico que sufre la gente trabajadora. Proporciona estabilidad a quien vive de alquiler, permite una rentabilidad razonable a la propiedad y mantiene la diversidad y mixtura social de nuestros barrios. De hecho, es la única medida con efectos a corto plazo mientras desplegamos el resto de las políticas.