Principios

Read it in english: Why do we want to win back Barcelona?

Principios y compromisos para iniciar un camino

Lee el Código Ético

Los habitantes de Barcelona queremos a nuestra ciudad. Su diversidad, su espíritu acogedor y abierto, la vitalidad y el carácter reivindicativo de su gente. En los últimos años, sin embargo, mucho de lo que vemos no nos gusta. El crecimiento de las desigualdades y de la precariedad, la vulneración de derechos conquistados con esfuerzo, la venta irresponsable de lo que es de todos, la falta de un proyecto colectivo e ilusionante. Estamos perdiendo Barcelona y queremos recuperarla.

Para hacerlo bien necesitamos iniciar un proceso que implique a mucha gente y que nos permita trabajar a partir de objetivos concretos. Este proceso no puede empezar con un programa electoral cerrado. Las propuestas para transformar la ciudad y sus instituciones tienen que ser elaboradas de manera colectiva. A partir de iniciativas ya existentes, pero también de otras que tendremos que ir construyendo con las mejores voces de los movimientos sociales, vecinales y sindicales; con técnicos y trabajadores de diferentes sectores; con gente políticamente organizada, y con la contribución de la ciudadanía.

Tenemos muy claro, en todo caso, algunos de los principios y compromisos básicos que caracterizan nuestro proyecto.

1. Ganar para garantizar derechos básicos y una vida digna a todas las personas.

En Barcelona hay un número creciente de personas que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales. No lo podemos permitir. Las instituciones municipales tienen que emplear todas sus competencias y recursos para poner fin a esta situación.

El derecho a una atención sanitaria de calidad no puede ser un privilegio al alcance de unos pocos. Barcelona tiene más competencias que otras ciudades para impedirlo. Hay que garantizar a todos los barrios una atención sanitaria gratuita, universal, equitativa y eficiente, pero no movida por el ánimo de lucro. Ninguna persona puede ser excluida de la atención sanitaria por su situación administrativa: la salud pública depende de la salud de todas y todos. Hay que actuar para acabar con las listas de espera evitables y dotar de más recursos económicos y humanos a la atención primaria y a la salud pública en general.

Queremos una sanidad más humana, más justa y más personalizada, orientada a las necesidades reales de las personas y no a la medicalización y a usos tecnológicos injustificados.

Una educación pública y de calidad es el futuro de la ciudad. Como consecuencia de los recortes, se ha reducido el número de profesores y de auxiliares y cuidadores del alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Las bajas se cubren tarde y mal y ha crecido la ratio de alumnos por aula.

Si queremos que el derecho a la educación sea un derecho accesible a todo el mundo, el Ayuntamiento tiene que exigir a la Generalitat que se aumenten los recursos humanos y económicos para la escuela pública y que se corrija el trato de favor que hoy se otorga a la educación concertada.

Queremos una ciudad sin segregación escolar. Una ciudad que apueste por las escuelas de música, de deportes y por la educación en el ocio, y que asuma como propios los criterios de la Agenda 21 escolar. Queremos revertir la privatización de la gestión de las guarderías infantiles, crear otras nuevas y favorecer su gestión familiar y comunitaria.

No hay existencia digna sin vivienda digna. En un contexto de crisis como el actual, el Ayuntamiento no puede colaborar con sus recursos a desahuciar a las personas. Queremos una política municipal que priorice la vivienda social, de alquiler, cooperativa o en cesión de uso. Queremos un registro exhaustivo de pisos vacíos y sanciones efectivas a las entidades financieras y a los grandes propietarios que hagan un uso antisocial de la vivienda.
Lo que pedimos en materia de vivienda, sanidad o educación se tiene que extender a los servicios sociales y a otras necesidades básicas.

El Ayuntamiento debe apostar por un bienestar de proximidad, con políticas que actúen contra los factores de exclusión social, atiendan a los colectivos social y relacionalmente vulnerables y promuevan la autonomía personal.

No queremos una ciudad con malnutrición, donde la gente se vea obligada a vivir a oscuras o a sufrir subidas abusivas en el precio del transporte público. Las competencias y recursos del Ayuntamiento tienen que contribuir a que todos los habitantes de Barcelona disfruten de una renta mínima, una alimentación adecuada y un suministro suficiente de agua, luz y gas. Igualmente, hay que posibilitar la movilidad en metro, autobús, tranvía o bicicleta en toda el área metropolitana y a precios accesibles.

Queremos que todo el mundo, desde los niños a la gente mayor, vivan donde vivan, puedan disfrutar de espacios públicos y de barrios acogedores, seguros e inclusivos.

2. Ganar para impulsar una economía con justicia social y ambiental

Garantizar derechos y una vida digna a todas las personas es imposible si no transformamos el actual modelo económico y productivo. En los últimos años, los costes de la crisis se han concentrado en la gente de la calle, mientras que las políticas públicas han beneficiado a los grandes lobbies financieros, inmobiliarios y turísticos.

Esta deriva está destruyendo el territorio y generando una economía fuertemente especulativa.Queremos revertir esta situación y promover una economía social y sostenible, al servicio de las generaciones presentes y de las que vendrán. La transición hacia una nueva economía exige nuevas formas de trabajar, de producir, de consumir, de distribuir y de vivir en comunidad.

Replantear el modelo turístico es una de las primeras tareas que tenemos que asumir.Barcelona recibe unos 7,5 millones de turistas anuales. Pero mientras los beneficios del turismo se concentran en pocas manos, los costes los sufren la gran mayoría de vecinas y vecinos de la ciudad.

Es necesario cambiar el modelo de manera global con la participación de todos los actores. La ocupación generada por este sector no puede ser precaria e insostenible. Hay que frenar las dinámicas que cierran los espacios públicos y expulsan a la gente económicamente más vulnerable de sus barrios.

Tenemos que evitar la desnaturalización de lo que ha sido siempre la ciudad. No queremos un parque temático. Queremos ciudades y barrios habitables, inclusivos y con trabajo decente, como piden los organismos internacionales de derechos humanos.

La política fiscal municipal tiene ser progresiva y ecológicamente orientada.

Las sanciones contra los pisos vacíos, las bonificaciones sobre las instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables, la tasa turística, las medidas fiscales contra la especulación del suelo, las tarifas marginalmente crecientes por el consumo de agua, el pago por generación de residuos, son herramientas imprescindibles para conseguir este objetivo.

La transición hacia una economía social y ambientalmente justa tiene que ser vista como una oportunidad de desarrollo y no como un obstáculo.

La rehabilitación de viviendas; la construcción con criterios de eficiencia energética; la agricultura urbana; los servicios de cuidados y de atención y apoyo a la dependencia, a la gente mayor y a la infancia; el fomento de actividades culturales, o la investigación en tecnologías ecológicamente sostenibles pueden ser fuente de ocupación digna y de vida saludable para todo el mundo.

No queremos una ciudad que venda el patrimonio urbano al mejor postor.

Queremos instituciones que incorporen criterios sociales, ambientales y de calidad tanto en la contratación como en las compras públicas. Queremos avanzar hacia la municipalización del servicio de agua y la relocalización de la energía. Queremos proteger el comercio de proximidad, impulsar el emprendimiento social y reforzar el tejido cooperativo como elemento de identidad de nuestra ciudad y como manera de generar puestos de trabajo sostenibles.

3. Ganar para democratizar las instituciones y decidir la ciudad que queremos

Nada de lo que nos proponemos se podrá hacer si no cambiamos las reglas del juego. Tenemos que conseguir que las instituciones respondan a la voluntad de la población y no a los intereses de los grandes poderes económicos o de unos gobernantes acostumbrados a trabajar a puerta cerrada.

La gente tiene que decidir por sí misma todo lo que esté a su alcance, y a través de representantes debidamente fiscalizados lo que no se pueda decidir de manera directa.

Un control eficaz de las instituciones exige información transparente y accesible y mecanismos de lucha contra la corrupción.

Los datos relevantes en manos de las instituciones tienen que ser de dominio público. Todas las personas tienen que poder acceder a ellos de manera sencilla. Queremos auditorías ciudadanas independientes con capacidad para iniciar procedimientos judiciales cuando se detecten irregularidades. La ciudadanía también debe poder participar en el control de los presupuestos y de la deuda municipal.

Hay que auditar de manera inmediata todos los entes y cargos directivos municipales.

Existen muchas instituciones municipales necesarias para garantizar el bienestar ciudadano, pero también hay entes costosos y opacos que benefician a intereses particulares. Se tiene que elaborar un plan independiente de racionalización de tareas y de transparencia y revisar los sueldos directivos de todos los servicios y empresas municipales y establecer topes máximos.

La ciudadanía tiene derecho a decidir todo aquello que le afecta de manera relevante.

Queremos una reforma integral de los mecanismos de participación ciudadana para hacerlos efectivos y para que incorporen criterios de paridad e igualdad de género. Queremos que las concejalías de distrito sean escogidas de manera directa. Hace falta un reconocimiento amplio de las iniciativas y consultas municipales y de las audiencias públicas. Todas las decisiones que tengan un impacto sustancial en el presupuesto, como las reformas urbanísticas o los macroproyectos, tienen que ser sometidas a consultas ciudadanas vinculantes.

Democratizar la ciudad también es reconocer y promover las iniciativas locales y las redes de autogestión de servicios y bienes comunes. Desde ateneos y centros sociales a cooperativas de consumo, huertos comunitarios, bancos de tiempos o espacios familiares de pequeña infancia. Las instituciones tienen que dotarlas de espacios, recursos y apoyo técnico, respetando su autonomía y evitando su instrumentalización.

4. Ganar para asumir un compromiso ético con la ciudadanía

Para rescatar la ciudad de las élites que la tienen secuestrada no basta con proponer nuevas políticas públicas. Hace falta un cambio sustancial en la manera de hacer política.

En una democracia digna de ese nombre, todo ciudadano o ciudadana tiene que poder asumir tareas de gestión pública o de representación política. El ámbito municipal, por su proximidad, es idóneo para poner en práctica este ideal.

La defensa de un vínculo más estrecho entre ciudadanía y representantes empieza por combatir la ilusión de que nosotros lo haremos mejor por razones de virtud personal.

Toda persona que se convierte en representante tiene que ser controlada y sometida a límites. En caso contrario, queda demasiado expuesta a la presión de los poderes fácticos y se puede corromper con más facilidad.

Queremos que quienes aspiran a representarnos en las instituciones asuman un compromiso ético vinculante. Este contrato entre la ciudadanía y los representantes debe servir para acercar la política a la gente y recuperar su sentido más noble.

Hay que establecer límites de sueldos y mandatos. Los representantes de la soberanía popular tienen que recibir una retribución económica adecuada a su trabajo y a su responsabilidad, pero no pueden disfrutar de privilegios innecesarios. Sus ingresos y su patrimonio deben hacerse públicos de manera periódica.

Para evitar la profesionalización de la política y para facilitar la implicación de gente diversa en las tareas institucionales, creemos conveniente establecer un límite temporal de dos mandatos para todos los cargos electos.

Se tiene que impedir también la acumulación innecesaria de cargos y funciones. Esta medida es esencial para impedir la concentración de poder en pocas manos y para garantizar la máxima dedicación de los representantes a la función pública.

Los representantes electos tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía y asegurar la transparencia de su gestión pública.

Queremos que los cargos electos expliquen sus decisiones políticas y las sometan a discusión. También que hagan público, sin excepciones, el contenido de su agenda. La ciudadanía tiene que dotarse de mecanismos para denunciar a los representantes que incumplan su mandato sin tener que esperar a votar. Para hacerlo, hay que impulsar figuras como las consultas para la revocación de concejales y alcaldes.

Si queremos hacer política de otro modo, los gastos en las campañas electorales se tienen que reducir de manera drástica.

También hay que acabar con los préstamos de entidades financieras que generan deudas incompatibles con el ejercicio autónomo de la política.

Todo cargo electo que abandone la función pública tiene que poder retomar su vida profesional en las mejores condiciones posibles y en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Sin embargo, hay que poner fin a las puertas giratorias en el ámbito municipal. Durante un periodo de cinco años no debe estar permitido acceder a altos cargos de grandes empresas vinculadas al sector donde se ha desarrollado la función representativa, y en ningún caso a los consejos de administración.