Sobre los derechos de las personas trans

En los últimos días hemos asistido a una fuerte polémica en relación al documento interno del PSOE “Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres”. Desde Barcelona en Comú y su Eje de Feminismos y LGTBI queremos compartir algunas reflexiones al respecto y explicitar nuestra postura. 

Los avances que se han conseguido, gracias a décadas de lucha por la liberación sexual y de género, han impregnado y formado parte del movimiento feminista desde sus inicios: de las luchas contra la Ley de Peligrosidad Social a finales de los años 70, pasando por los peores años de la crisis del sida o las reivindicaciones de los grupos de lesbianas feministas que surgieron durante los 80 al calor del movimiento feminista, al reciente movimiento por la despatologización trans o las actuales propuestas queer y transfeministas. La buscada división feminismo/LGTBI es un falso dilema y promueve un enfrentamiento innecesario. La conquistas feministas son también conquistas para el movimiento LGTBI y, en concreto, para las personas trans. De la misma forma, un feminismo que no logre integrar y hacer suya la crítica a la heterosexualidad obligatoria o al binarismo de género se quedará a medio camino en el cuestionamiento del orden patriarcal y capitalista. 

Detrás del documento del PSOE no sólo se constata la apuesta por un feminismo excluyente en lo que refiere a los derechos de las personas LGTBI. En lo concreto, se encuentra también una discusión sobre cuáles tienen que ser los requisitos que tienen que cumplir las personas trans para acceder al cambio de mención de sexo y nombre en el DNI, es decir, al reconocimiento de su identidad y, por tanto, a gran parte de sus derechos de ciudadanía. 

Dichos criterios se establecieron por primera vez en el Estado español en 2007 mediante una ley aprobada por el PSOE y exigían dos requisitos obligatorios para que las personas trans pudieran tramitar el cambio de nombre y sexo en su documentación: un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal. Esta ley fue un punto de inflexión por dos razones contradictorias: suponía un gran adelanto porque acababa con la exigencia de la cirugía genital, pero a la vez, una importante derrota porque instauraba oficialmente que el reconocimiento de las personas trans pasaba por catalogarlas como personas con un trastorno mental.

En la última década, el movimiento trans ha librado una auténtica reivindicación para visibilizar la patologización de las identidades trans y denunciar que esta ley era discriminatoria. Y desde entonces, el PSOE ha hecho varios gestos para salir del marco patologizador y ha ido desarrollando iniciativas que establecen que la declaración de una persona trans conforme desea el cambio de su nombre en la documentación es suficiente. La persona trans deja de tener que pasar por un proceso de evaluación y se le reconoce la capacidad de agencia para decidir su nombre y su identidad de género libremente. Es lo que ha sido denominado autodeterminación de género, y el PSOE ha votado a favor de todas esas leyes.

Y es que, en la última década, el PSOE también ha aprobado legislaciones autonómicas que establecen la autodeterminación del nombre y la identidad de género. Mientras, a nivel estatal  aprobó una Instrucción en 2018 que anula los requisitos de la ley del 2007 y establece que sólo es necesaria una declaración en el Registro Civil conforme se desea el cambio de nombre en los documentos oficiales. Esta fórmula ha sido adoptada por varios países como Argentina (2012), Dinamarca (2014), Malta (2015) o Noruega (2016).

Siguiendo esta lógica, el compromiso del PSOE en su pacto de gobierno de coalición con Unidas Podemos establece también la aprobación de una Ley Trans que convierta en una nueva legislación la Instrucción del 2018. 

El argumentario del PSOE hecho público recientemente que afirma que está en contra de la autodeterminación de género de las personas trans es no sólo desconcertante sino de una enorme incoherencia política con su trayectoria de los últimos años. Y, sin duda, el argumento de que esta modificación de los requisitos atenta contra los derechos de las mujeres y puede suponer un riesgo para las políticas de igualdad es difícilmente justificable. Pero constatamos también que este debate interno no es sólo un asunto del partido sino también una tensión que recorre el debate feminista en el Estado español, que ha escalado hasta convertirse en un conflicto beligerante y con un ruido de fondo que dificulta la escucha y entendimiento mutuo. 

Bajo nuestro punto de vista, el debate que tenemos delante es de una enorme complejidad y deben escucharse todos los argumentos para poder construir el mejor marco posible en el que desarrollar los derechos de las personas trans desde una perspectiva feminista. Con ello queremos decir que, a pesar de que no compartamos las preocupaciones que señala el argumentario del PSOE, pensamos que hace falta una propuesta política que las aborde y les dé respuesta con complejidad. Apelamos, por tanto, a la responsabilidad de no azuzar fantasmas promoviendo la hostilidad entre movimientos que suman y van de la mano en la defensa de derechos y libertades de todas las personas. 

Finalmente, nos parece urgente que el PSOE aclare su postura en relación a la cuestión concreta del cambio en la documentación de las personas trans. ¿Cuál es su propuesta en relación a los requisitos que, según el partido, tienen que cumplir las personas trans para poder modificar su DNI? No hacen falta más argumentarios, hacen falta respuestas clarificadoras. El PSOE, que condenó durante años a las personas trans a hacer tratamientos psiquiátricos para modificar su DNI, tiene la oportunidad de restaurar esta discriminación. Parecía que había incorporado una perspectiva de derechos y autonomía para las personas trans, pero en los últimos días muchos y muchas nos preguntamos si es que vuelve a estar sobre la mesa que la gente trans tenga que someterse a procesos de evaluación de su género. Por supuesto, si esto es así, nos  encontrarán enfrente.