Comunicado de Barcelona en Comú sobre la crisis en las Islas Canarias

Desde la llamada crisis de los cayucos en 2006 en las Islas Canarias, la política migratoria de España ha estado basada en la contención de los flujos migratorios y en la expulsión de las personas migradas a través de acuerdos bilaterales de regreso con Mauritania, Senegal y Marruecos. Ante la falta de vías legales y seguras, miles de personas migradas llegan al territorio de manera irregular poniendo su vida en peligro o perdiéndola en el trayecto. Las consecuencias de esta política migratoria son bastante trágicas como para demandar a las instituciones de la UE y de los Estados miembros por crímenes contra la humanidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La incoherencia y crueldad de la política migratoria española queda en evidencia cuando España (junto con Italia, Grecia y Malta) muestra su rechazo al nuevo Pacto por la migración y asilo de la UE, que carga sobre los países del sur la contención de la migración en Europa, pero en cambio aplica exactamente esta misma política en territorio nacional encapsulando las Islas Canarias para evitar que las personas migradas puedan llegar a la Península.

Durante los últimos meses los derechos humanos y la legalidad española han sido escandalosamente vulnerados en el puerto de Arguineguín, donde han llegado a convivir más de 2600 personas retenidas por la policía, durmiendo al raso durante semanas (excediendo de largo las 72h legales y llegando a las semanas de estancia en el campamento), en condiciones higiénicas deplorables, sin asistencia jurídica y sin información para pedir asilo. Decenas de miles de personas han sido tratadas como delincuentes sin serlo.

Sólo la propia incapacidad logística del Ministerio del Interior para gestionar una situación que resultó bastante catastrófica como para atraer la atención mediática internacional, ha permitido desmantelar el campamento de Arguineguín y facilitar que las personas con pasaporte y recursos económicos puedan intentar salir de las islas. El resto quedan retenidas en el campo de Barranco Seco o en otras instalaciones, a la espera, la mayoría, de ser deportadas.

Muchas de las situaciones de las que huyen estas personas son consecuencia directa de los intereses geopolíticos occidentales, del pasado colonial de los países europeos o del neocolonialismo económico, pero ni los gobiernos de Catalunya, ni el español, ni la Comisión Europea están priorizando el trabajo de las soluciones a las graves problemáticas sociales en origen.

En España, las rígidas e inhumanas políticas migratorias dirigidas por el ministro Grande-Marlaska en descoordinación total con los y las ministros que lo acompañan, ha llevado a esta situación de crisis humanitaria. Afortunadamente, el ofrecimiento de plazas de acogida por parte de Ayuntamientos como el de Barcelona contrasta con esta política inhumana e insolidaria.

El nuevo Pacto por la migración y asilo de la UE agrava aún más la vulneración de los Derechos Humanos de los migrantes, pues supone fomentar las políticas de contención extraterritorial y deportación masiva en caliente, mediante grandes centros de detención en las islas, fuera del continente europeo, para proceder a las deportaciones masivas gracias a los pactos firmados con países receptores que desprecian los DDHH. De este modo, sólo una pequeña parte de los migrantes tendrá derecho a protección internacional. La crisis de Arguineguín ha sido un laboratorio donde poner a prueba estas políticas de exclusión que nos debe avergonzar como personas y países defensores de los derechos humanos.

Ante la situación actual, exigimos a España y a la Unión Europea que hagan un giro radical en sus políticas migratorias para poner en el centro a las personas, sus derechos y su dignidad. También pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que tome el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona y utilice también sus recursos para ofrecer programas de refugios a las personas migradas que en estos momentos se encuentran en un grave riesgo de exclusión. Es hora de una política de acogida corresponsabilizada entre Administraciones y cambiar la lógica de la exclusión por la del apoyo social a la altura del siglo XXI. No podemos dejar solas a las personas ni a las Islas Canarias. Sólo así, podremos afirmar que vivimos en sociedades abiertas, libres y democráticas. En sociedades para todos y todas, donde la extrema derecha y el odio no tienen lugar.