Barcelona En Comú rechaza la deportación de más de 600 personas de origen tunecino anunciada por el ministro Grande-Marlaska

A raíz del anuncio el pasado 27 de abril por Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, sobre las gestiones para deportar, en plena emergencia sanitaria, más de 600 personas que proceden de Túnez y que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) melillense desde el verano de 2019, más de 175 entidades sociales y colectivos migrantes y antirracistas subscriben un comunicado donde denuncian la ilegalidad de la medida, puesto que vulnera el Convenio Europeo de Derecho Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas de personas extranjeras.

Barcelona En Comú apoya el comunicado, que pide la detención de este proceso y denuncia que estas personas, procedentes de Túnez, entre ellas familias con niños o personas grandes, llevan alrededor de ocho meses al CETI, esperando su posible traslado a la Península (como pasa normalmente con las personas migrantes que llegan a Melilla).

En estos meses de espera, y ante la incertidumbre de su situación, se ha sumado la amenaza de la pandemia. En el CETI melillense es imposible cumplir con las recomendaciones sanitarias que se han hecho al resto de la población. El confinamiento, la aglomeración, la carencia de higiene y el pánico han provocado protestas desde hace días que se han agravado con una huelga de hambre desde el mismo día en que se anunció las negociaciones para su deportación.

Recientemente, Barcelona En Comú también apoyó la demanda urgente realizada al Gobierno del Estado por más de un millar de organizaciones, para pedir la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.