Barcelona en Comú interpela a las autoridades españolas y catalanas a pronunciarse sobre la aceptación del nuevo cónsul mexicano en Barcelona vinculado con el narcotráfico y la corrupción

El pasado 19 de octubre tomó posesión de su cargo como nuevo cónsul de México en  Barcelona Fidel Herrera Beltrán, que fue gobernador del estado de Veracruz entre 2004 y 2010. En este periodo recibió varias denuncias por supuestas conexiones con el grupo delictivo Zetas, organización criminal que practica el tráfico de drogas y personas, secuestros y homicidios, entre otros.

Durante su mandato se dieron las tasas más importantes de desapariciones de migrantes en Veracruz, además de la represión absoluta de periodistas y profesionales de la información que sufrieron también desapariciones forzosas todavía no resueltas como consecuencia de sus investigaciones y denuncias contra el exgobernador, así como los vínculos entre el Estado y las redes mafiosas de narcotráfico.

Como ya se recogía en el comunicado del 5 de agosto de Barcelona en Comú en condena por los asesinatos de cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista del movimiento YoSoy132 Nadia Vera, se estima que en Verazcruz, desde el año 2000, han sido asesinados 16 periodistas, han desaparecido 4 y 37 se han desplazado al temer por su seguridad.

Barcelona ha sido siempre una ciudad de acogida para aquellas personas que han luchado por los derechos humanos y la libertad de expresión en México, y que han querido denunciar los estrechos vínculos entre las organizaciones criminales y narcotraficantes y el Estado mexicano. El nombramiento del cónsul mexicano en Barcelona no puede ni debe provocar alarma y preocupación entre los ciudadanos mexicanos en nuestra ciudad, ni poner en peligro su tarea reivindicativa y solidaria con su pueblo.

Por  todo esto, Barcelona en Comú pone en cuestión la decisión de las autoridades competentes de aceptar el nombramiento del señor Fidel Herrera Beltrán, y les insta a explicar públicamente los motivos de su aceptación, así como a revisar los acuerdos tomados en materia diplomática y que representan el apoyo a un Estado que no sólo deja de velar por el bien común de sus ciudadanos y ciudadanas, sino que las hace desaparecer de forma forzada por intereses privados y criminales.