Los servicios sociales básicos, crisis de recursos o de sistema

Miguel Ángel Manzano. Técnico asesor en políticas sociales y gestión de los servicios sociales. Miembro del eje de Acción Social de Barcelona En común

El pasado martes 26 de julio El País publicó una noticia con el título "Los servicios que atienden menores en Barcelona, a punto del colapso". Otros medios y las redes sociales también hacían difusión y la información ha sido ampliamente reproducida (aquí y aquí). La noticia se hacía eco de un manifiesto donde las educadoras y educadores sociales, con el apoyo de los sindicatos, opinaban sobre cómo afecta la carencia de recursos y, sobre todo, el diseño organizativo municipal a la protección de los niños en riesgo.

No es mi intención entrar en un debate sobre la oportunidad y/o rigurosidad de las quejas y reivindicaciones. Es un hecho que Barcelona no cumple las ratios de profesionales sociales marcadas por la ley. También es evidente que hay una voluntad de los responsables municipales de dotar de más recursos a los servicios sociales y de iniciar un proceso de mejora organizativa de la mano de las y los profesionales.

Me interesa mucho más reflexionar si estamos ante un problema endógeno del Ayuntamiento - y que se puede solucionar por la vía de ampliación de plantillas y presupuestos- o es una manifestación más de un proceso de crisis estructural de los servicios sociales que afecta a todos sus niveles en todo el Estado. Y, a pesar de que quejarnos de lo que no podemos arreglar no sirve de mucho, también quiero reflexionar sobre cómo afecta la deficiente estructuración del Estado del Bienestar en España a los servicios sociales.

La situación de los servicios que atienen a menores en Barcelona no se puede aislar de una sensación de situación de colapso de los servicios sociales en todo el Estado. En su nivel básico hay muchas evidencias de indefinición de su objeto, un deficiente alineamiento con las necesidades más graves de los ciudadanos y tensiones entre las garantías administrativas y la eficacia y eficiencia de la intervención social. A pesar de que no hay ningún estudio que las sistematice, las encontramos fácilmente en la relación del día a día con los entes locales y sus profesionales.

Un claro ejemplo de desalineamiento con las necesidades de los ciudadanos es la pérdida de impulso en las coberturas e intensidades en los beneficiarios de la Ley de Promoción de la autonomía funcional y atención a la dependencia. Los datos, año a año, no mejoran como se puede ver en el Informe anual del Observatorio de la Dependencia.

Comparto con los autores del manifiesto que una de las causas principales es el aumento de la pobreza como efecto de la crisis económica y la ausencia de una red de contención que tendría que tener como pilar principal un sistema de garantía de ingresos, como mínimo, homologable a los existentes en el País Vasco o Francia.

Ante estas carencias el discurso social hegemónico ha sido que las personas de los 693.600 hogares sin ningún ingreso (EPA 2º trimestre de 2016) son responsabilidad de los servicios sociales municipales y no de un sistema de garantía de ingresos articulado a niveles del Estado. Ni del nivel autonómico con sus programas de rentas mínimas que (con honrosas excepciones) no se adecúa al crecimiento de las necesidades y, si hace falta, se reduce con la excusa del fraude culpabilizador de los beneficiarios. Y ¿de qué se han dotado los entes locales para atender esta situación? De una miríada de ayudas económicas de baja cuantía que intentan abordar las diversas manifestaciones de la pobreza poniéndole adjetivos que sólo hacen enmascarar la inacción pública.

Además, este fraccionamiento de las ayudas, ha ido acompañado (como bien denuncian los y las profesionales) de una multiplicación de requerimientos en la tramitación administrativa y de una ausencia de aprovechamiento de las posibilidades de las tecnologías de la información. Los profesionales han malogrado su tiempo en tareas que no aportan valor a la protección social y los ciudadanos han sido objeto de maltrato institucional con convocatorias diversas, requerimientos de documentación y múltiples desplazamientos a los organismos públicos. Se puede hacer más fácil y rápido y no lo hemos hecho.

Atención aparte merece valorar si estas ayudas han sido distribuidas de una forma justa y equitativa. En este punto hay que volver a manifestar que a nadie le ha interesado estudiar el tema y, por lo tanto, las evidencias provienen más del conocimiento de la praxis a nivel local. Hay fuertes indicios de que la autonomía local ha sido el origen de una fuerte iniquidad territorial y que la aplicación generalizada del criterio técnico ha dado pie a una situación de fuerte injusticia.

Este último punto puede ser muy controvertido pero no nos hacemos ningún favor a los servicios sociales si no consideramos los últimos conflictos en centros y servicios como, en parte, a la manifestación del malestar ciudadano hacia a algunas situaciones de injusticia provocadas por nuestras decisiones técnicas 

¿Todo esto puede poner en riesgo a los ciudadanos más vulnerables como los niños? Sin duda sí. ¿Es por la falta de profesionales y de tiempos para hacerlo? Creo que es una conclusión demasiado simple y endogámica.

Tal como dice Fernando Fantova para proteger un bien para los ciudadanos, desde el servicio público primero tenemos que definir cuál es este bien. Decimos que los servicios sociales dejamos de hacer muchas cosas hacia los ciudadanos más vulnerables. Pero, ¿somos capaces de definirlas concretamente más allá de vaguedades y -todavía más importante- de conocer qué valor aportan a la vida de los ciudadanos?

Por otra parte, un objeto de actuación de los servicios sociales de alto valor añadido que impacte en la mejora de vida de los ciudadanos no se puede hacer sin una reflexión sobre las herramientas y los medios de intervención. Seguro que hace falta más presupuesto y más profesionales. Pero también hay que repensar con qué herramientas y desde qué perspectiva tenemos que actuar. La sensación es que todavía partimos de presupuestos y estereotipos tan inconcretos como el mismo objeto de los servicios sociales.

Y si añadimos que hay que llegar a todo el territorio con una cartera de servicios de igual cobertura e intensidad. Y hay que tomar decisiones de planificación y gestión en las que intervienen diferentes niveles de la administración. Y que los servicios sociales no se entiende sin un real diálogo con la comunidad. Creo que podemos concluir que no estamos sólamente, y sin querer sacarle importancia, ante una crisis de medios. Estamos en un colapso estructural que es una oportunidad para una reforma de todo el Sistema de Servicios Sociales. Este es un debate que no podemos rehuir si no queremos pasarnos la vida poniendo parches.