Lunes, 29 marzo, 2021

Regular los alquileres: un primer paso imprescindible

La futura Ley Estatal de Vivienda es un instrumento para aliviar el ahogo económico que sufre la gente trabajadora

La futura Ley Estatal de Vivienda supone la oportunidad de cambiar el rumbo y dirigirnos hacia un sistema que garantice el derecho a una vivienda digna. La manifiesta incapacidad del mercado y el fracaso de las políticas del pasado para resolver la emergencia habitacional nos obligan a explorar nuevas vías. Una década después de la gran crisis habitacional del 2008 que expolió a miles de familias, y gracias a la incansable lucha de los movimientos por el derecho a la vivienda asistimos a un nuevo consenso europeo. El 21 de enero, el Parlamento Europeo sentenció que los Estados deben regular el mercado inmobiliario. Este hito coincide además con el lanzamiento de ambiciosos paquetes de fondos europeos que España debe aprovechar para reconvertir el sector inmobiliario.

Nos jugamos mucho con esta Ley Estatal de Vivienda. El último informe de CCOO, con datos oficiales del INE, dibuja una situación gravísima: tres millones de inquilinas e inquilinos, el 41% de todo el Estado, soportan un alquiler excesivo. Es decir, dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. Y esta situación puede agravarse tras la crisis del covid-19. La regulación de precios es, por lo tanto, una tarea urgente a acometer por la futura ley. Es un instrumento para aliviar el ahogo económico que sufre la gente trabajadora. Proporciona estabilidad a quien vive de alquiler, permite una rentabilidad razonable a la propiedad y mantiene la diversidad y mixtura social de nuestros barrios. De hecho, es la única medida con efectos a corto plazo mientras desplegamos el resto de las políticas.

Nueva fiscalidad

Si bien la regulación de precios es lo urgente, hay otros aspectos absolutamente esenciales. Desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos expuesto una batería de propuestas para la Ley Estatal de Vivienda que deberían formar parte del debate público que nos ocupa. Entre las más relevantes está aumentar el gasto público y desarrollar una nueva fiscalidad para alcanzar un 15% de vivienda social. Y es que, como bien sabemos desde Barcelona, comprar y construir es costoso y requiere de mucha inversión pública sostenida en el tiempo. Aquí la tarea también es converger con Europa. En la década pasada España ha gastado hasta 10 veces menos en vivienda que algunos de los Estados europeos de referencia. Hoy el esfuerzo inversor en vivienda por habitante de Barcelona (90€/persona) casi triplica el del Estado y duplica el de la Generalitat.

Ni el Ayuntamiento más comprometido puede afrontar por si solo la emergencia habitacional. Por ello proponemos que todas las administraciones dediquen el 1% del PIB a vivienda. Y una nueva política fiscal que beneficie a los promotores de vivienda social y a quienes alquilen por debajo de mercado. Pero sin beneficio fiscal alguno para las empresas y grandes propietarios que no bajen precios. Mientras no llega el parque público, la ley deberá detener los desahucios de personas vulnerables y exigir a los grandes propietarios que se impliquen ofreciendo alquileres sociales. Y hasta la entrada en vigor de la ley habría, cuando menos, que alargar la actual moratoria de desahucios.

En definitiva, esta ley tiene que servir para dejar atrás las políticas fracasadas del pasado y apostar por el derecho a la vivienda. Como en Alemania, Austria, Suecia y tantos otros países, ayuntamientos, sindicatos de inquilinos, de trabajadores y asociaciones vecinales, tienen que poder participar activamente en la toma de decisiones. Sería inaceptable no enterrar de una vez por todas las políticas que desahucian a miles de familias y que permiten alquileres abusivos. Nuestros vecinos y vecinas no pueden esperar más.