Top Manta: de la precarización a la criminalización

Comunicado de l’ Eix de Migracions de Barcelona en Comú

Top Manta: de la precarización a la criminalización

El fenómeno de la venta ambulante no es nuevo en una ciudad como Barcelona ni en otras capitales turísticas de este mundo capitalista y globalizado. Pero si bien el fenómeno se remonta a más de 10 años atrás y surfeó (sin solución) por las sucesivas administraciones de CiU y PSC, se recalentó durante este verano. Se convirtió en la excusa perfecta para orquestar una campaña de criminalización de los manteros y, tiro por elevación  (y quizá la causa principal), para deslegitimar y debilitar al flamante gobierno municipal de Barcelona en Comú que aboga por una solución “social y no policial”. La estrategia mediática del establishment ha fortificado su discurso con un entramado de tópicos y rumores que estigmatizan a los vendedores, en su mayoría migrados del África subsahariana, que se dedican al Top Manta por mera supervivencia, como única salida posible a la inanición. Durante los meses de calor, los mismos medios,  junto a parte de la oposición y lobbies conservadores, se dedicaron a propagar a diestra y siniestra que los vendedores “son articulados por las mafias; que su actividad compite y perjudica severamente al comercio de proximidad; que son violentos y que dan una mala imagen de la ciudad”. Así una gran parte de la opinión pública se ha ido moldeando en base a un relato que fomenta el miedo, la intolerancia y el racismo.

Los vendedores ambulantes son personas en situación de exclusión social y jurídica que desarrollan esta actividad para subsistir y, en algunos casos, para también enviar remesas a sus familias. Actualmente habrá entre 100 y 150 manteros distribuidos sobre un eje comercial que se extiende desde la parte alta de Passeig de Gràcia, pasando por La Rambla, hasta el Portal de la Pau. La mayoría de ellos son senegaleses pero también provienen del Magreb, de Asia central y de otros países del África Subsahariana. No están organizados en una estructura jerarquizada ni comandados por ninguna mafia, son autónomos. Solo se organizan territorialmente para detectar las redadas policiales y así evitar la confiscación del género y las sanciones. Ellos mismos se encargan de comprar los artículos en enormes naves de Badalona o Sant Adrià del Besòs, regentadas por personas de origen chino. En general se trata de productos de mínima calidad que imitan a las grandes marcas o de suvenires, que seducen a una tipología de turistas por su bajo coste. Pero el turista de mayor poder adquisitivo difícilmente hurguetee en la manta para adquirir un bolso Armani o unas gafas Ray Ban. Entrará a las exclusivas tiendas de Passeig de Gràcia, vedadas para los clientes del Top Manta.

Mismos orígenes, distintas legalidades

Curiosamente, los productos comercializados en estos polígonos, considerados  falsificaciones de grandes marcas, muchas veces son manufacturados en los mismos países y en las mismas condiciones de sobreexplotación laboral que los artículos de lujo. Niños y mujeres de Bangladesh, India o China, trabajan hasta la extenuación, en espacios que incumplen con las mínimas normas de seguridad y salubridad, y cobran salarios miserables. Además, las multinacionales de las marcas de lujo evaden y eluden sistemáticamente impuestos a través de los paraísos fiscales o por privilegios fiscales que conceden los gobiernos de turno.

Según Oxfam, los países en vías de desarrollo dejan de recaudar por año “ al menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales”. Oxfam calcula que el fraude fiscal en los países de la Unión Europea se eleva a 1 billón de euros, importe que cubre 2 veces el gasto en sanidad de sus 508 millones de habitantes. Asimismo, en España la pérdida de recaudación fiscal equivaldría al presupuesto anual destinado a la salud.

Los costes de la enorme evasión y elusión fiscal para los Estados son altísimos, y se traducen en una escasa o nula inversión social que permita desarrollar políticas para reducir la desigualdad, combatir la pobreza y la exclusión social, y  en una mayor presión recaudatoria hacía el ciudadano común y las Pymes que no disponen de los recursos ni de sofisticados mecanismos para sortear las obligaciones fiscales.

Si los artículos tienen el mismo origen, se producen en las mismas condiciones de explotación laboral y las trasnacionales incurren sistemáticamente en el fraude fiscal, que resulta desorbitado en comparación con el mínimo impacto causado por el no pago de impuestos de los vendedores ambulantes (muchos de ellos ni siquiera podrían asumir sus obligaciones fiscales por falta de documentación para trabajar), ¿por qué los Estados persiguen y endurecen las penas para aquellas personas que trabajan para subsistir y no se investiga ni se sanciona a las multinacionales que se enriquecen con el sufrimiento y sacrificio de la mayoría de los ciudadanos? ¿Por qué un negocio a tan pequeña escala es considerado “ilegal” y, en cambio, el que mueve miles de millones en beneficio propio cuenta con el amparo de las leyes y la connivencia de los gobiernos?

Manteros pacíficos

En el orden local, pese a las quejas de una parte de los comerciantes de la ciudad por la supuesta competencia desleal o daños causados por del Top Manta está demostrado por expertos en diferentes disciplinas y avalado por jueces (muchos de ellos absolvieron a manteros acusados de cometer delitos contra la propiedad industrial) que no existen perjuicios significativos para el comercio de proximidad y las tiendas de productos de lujo. 

Según se desprende de un estudio municipal, resulta gratificante constatar que también un gran sector del comercio de proximidad considera a los “manteros pacíficos y nada conflictivos”. Los manteros no son violentos. Reaccionan a las redadas, intimidaciones y exabruptos policiales. La mayoría de las veces para proteger su género de los decomisos efectuados por las fuerzas de seguridad ya que les ocasionan grandes pérdidas económicas difíciles de reponer.

Las actuaciones policiales.

Al comienzo del verano las fuerzas de seguridad dejaban “campar a sus anchas” a los manteros. Argumentaban que no tenían ordenes claras de parte del Ayuntamiento, que no sabían si repeler a los vendedores o dejarlos trabajar. Una vez más la artillería mediática y sectores reaccionarios aprovecharon esta supuesta “incertidumbre” para acusar al gobierno municipal de ser permisivos frente a una actividad considerada por ellos “ilegal”. Azuzada por el martilleo continuo de los medios, parte de la Guardia Urbana incrementaba su estrategia de hostigamiento hacia los vendedores, en contraposición al discurso del gobiernos municipal y Barcelona en Comú que abogan por una solución “social y no policial”.

En las últimas semanas los vendedores denunciaron que fueron amenazados y golpeados por agentes de paisano. No solo no pudieron trabajar durante varios días debido a la presencia permanente de policías sino que temían salir de sus casas por miedo a las represalias. Según señalan integrantes de entidades que apoyan a los manteros “existen muchos miembros de la Guardia Urbana que demuestran una actitud manifiestamente racista hacia los vendedores, en su mayoría de origen senegalés”.

Además de sufrir la persecución policial y un discurso hegemónico que los criminaliza, otro lastre recae sobre los vendedores: la re-penalización de su actividad. El nuevo Código Penal – en vigor desde el 1 julio de 2015- considera  la actividad del Top Manta como un delito leve, y no como falta administrativa según estaba establecido hasta dicha reforma. Los vendedores que fueran condenados tienen que pagar una multa que puede ascender a 600€ o, en caso de no poder asumirla, enfrentarse a penas de prisión o ser expulsados a sus países. Además, la condena supone un antecedente penal que dificulta la renovación o consecución de los papeles.  

Una solución social para un problema global

Desde un primer momento tanto el gobierno municipal como el Eje de Migracions de Barcelona en Comú  hemos sostenido (y estamos convencidos) que la problemática de los vendedores ambulantes se debe tratar desde una perspectiva social y no policial. La situación de precariedad social, económica y jurídica de los manteros requiere soluciones estructurales y dialogadas pero nunca de índole represivo. El fenómeno ha sobrevivido a varios gobiernos municipales anteriores sin que sus medidas de marcado corte intimidatorio y represivo surtieran efecto alguno más que incrementar la crispación social. Ni siquiera las condenas penales vigentes hasta el 2010 (y que ahora volverían pudieron  frenar el Top Manta.

Cabe destacar el empeño del gobierno municipal por buscar soluciones consensuadas, por implicar a todos los sectores involucrados en el problema, incluidos los partidos de la oposición. En esta línea, se promovió un espacio de diálogo transversal en el que participaron representantes de los vendedores y de la Guardia Urbana, los servicios sociales y diferentes areas del Ayuntamiento. Sin duda, una iniciativa valiente e inédita hasta el momento, pero que sin embargo levantó aireadas críticas por parte de los medios hegemónicos y sectores de la oposición. De esta nueva forma de hacer política municipalista también es justo remarcar la predisposición a recibir propuestas y escuchar las demandas de las entidades sociales involucradas en la defensa de los vendedores ambulantes.

No hay soluciones mágicas para un problema local que tiene su origen en desigualdades e injusticias globales. Pero si el problema se enfoca desde una perspectiva estructural para combatir la precarización, se desestima la vía represiva como solución, y, paralelamente, se desmontan los tópicos y rumores que criminalizan y estigmatizan al colectivo quizá el verano que viene el Top Manta dejará de ser portada de los periódicos.