Dilluns, 2 maig, 2022

La urgencia de la Ley de Vivienda en España

Lo que se le debe exigir a esta nueva ley esque el derecho a una vivienda digna se equipare al de disponer de una sanidad y una enseñanza pública de calidad.
Va a conseguir el actual gobierno de coalición de izquierda superar la tan insuficiente tradición de políticas de vivienda en nuestro país? En el contexto europeo, el Estado español destaca, lamentablemente, por la falta de continuidad de unas políticas que han sido siempre coyunturales, compensatorias de ciclos económicos, pensadas como políticas para favorecer los intereses inmobiliarios, de la banca y, hoy, de los fondos de inversión, y no para afrontar realmente el problema endémico de la vivienda, creando un parque público estable, que hoy sigue estando por debajo de un vergonzoso 2%.

Lo que se le debe exigir a esta nueva ley es que proponga y consiga gestionar un necesario y total cambio estructural. Y dicho cambio ha de consistir en utilizar todos los medios para aumentar el porcentaje de vivienda asequible en nuestro país. Ello se conseguirá con una política intensa de financiación, construyendo nuevas viviendas y rehabilitando, para incorporar viviendas antiguas al parque público de alquiler. El objetivo debería ser que el derecho a una vivienda digna se equipare al de disponer de una sanidad y una enseñanza pública de calidad.

Es vital, como premisa, que se prohíba vender el parque público residencial; que la vivienda hecha en suelo público y con financiación pública, no pueda descalificarse

Tal como ha sucedido en la Europa del sur, aquí no se ha consolidado la tradición socialdemócrata, iniciada en el periodo de entreguerras y que solo se intentó durante la época de la Segunda República. Además, la vivienda protegida que se creó durante la dictadura de Franco y la que se ha creado en estas décadas de democracia, aunque fuera inicialmente de alquiler, a partir de la Ley de propiedad horizontal ha ido descalificándose, privatizándose y entrando en el mercado libre. Por lo tanto, es vital, como premisa, que se prohíba vender el parque público residencial; que la vivienda hecha en suelo público y con financiación pública, no pueda descalificarse.

Y, más allá de que lo esencial son medidas para incrementar y consolidar el parque público de alquiler, ahora es prioritario afrontar la emergencia habitacional, algo que pasa, primero, por autorizar que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en vivienda, puedan regular temporalmente el precio de los alquileres en las zonas urbanas tensionadas, como urgente medida rápida y de choque.

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