Dimecres, 21 juliol, 2021

Cambiar la vida, cambiar la vivienda

Miradas feministas sobre la emergencia habitacional. Si queremos propiciar el cambio social, la configuración de los espacios domésticos importa.

Este mes de febrero, Aliya Hamid Rao, socióloga de la London School of Economics, publicaba un interesante estudio sobre la distribución de los espacios domésticos en las parejas heterosexuales durante la pandemia. Así, los lugares óptimos para trabajar, como habitaciones independientes y despachos, se reservaron para el teletrabajo de los hombres. Y las zonas comunes y de paso, como la cocina o el comedor, para las mujeres. Esta ubicación significó que las madres, a diferencia de los padres, trabajasen sólo un tercio de su jornada sin interrupciones. 

La desigual distribución de espacios –y tiempos– en las parejas heterosexuales ni es un pacto de pareja, ni se refiere exclusivamente a la pandemia. Tampoco es una frivolidad. El objetivo de este artículo es precisamente analizar las discriminaciones que padecen las mujeres tanto para disponer de una vivienda, como para disfrutar de ella. Una vez hecho el diagnóstico, se apuntan algunas de las respuestas que empiezan a vislumbrarse en Barcelona.

       "La situación de las mujeres jefas de familia que viven de alquiler es alarmante. Según datos de Eurostat, su vulnerabilidad habitacional supera el 50% y compromete el acceso a la alimentación"  

En un libro imprescindible, Mujeres, casas y ciudades, Zaida Muxí señala que la vivienda es el lugar en el que se inicia la socialización y donde se desarrollan las primeras relaciones entre géneros. De esta forma, mientras para algunos la casa es un lugar de descanso, para muchas mujeres es un lugar más de trabajo. En la medida en que los comportamientos en las parejas heterosexuales no han cambiado tanto, la distribución física y el uso de las casas ha tenido pocas variaciones. Continúan siendo mayoritarias las cocinas y los lavaderos oscuros y minúsculos que sólo admiten a una persona, y uno de los dormitorios concentra luz y metros cuadrados mientras que el resto de las estancias quedan relegadas a la mínima expresión.  

En términos generales apenas se cuestiona la marginación de los lugares destinados a tareas domésticas, ni su existencia individual. De ahí los abundantes titulares –Cocinas más grandes para acabar con el machismo: la polémica medida del País VascoEl gobierno vasco quiere cocinas más grandes para que cocinen los hombresEl Gobierno vasco obliga a agrandar las cocinas para “combatir el machismo”– que generó la ampliación en un par de metros cuadrados del tamaño mínimo de las cocinas impulsada por el Gobierno vasco en 2019.   

Esta falta de consideración de los trabajos que realizan las mujeres tiene amplias repercusiones dentro y fuera del hogar. Pese a las mejoras de los últimos años, la brecha salarial en España significa que las mujeres cobren de media 500 euros mensuales menos. Además, la sobrerrepresentación, especialmente de mujeres negras y migrantes, en el trabajo doméstico y de cuidados, el turismo y la restauración, ha provocado que en algunos lugares se hable de “she-cession” en contraposición a la “man-cession” que supuso la última gran recesión de 2008 caracterizada por el desempleo masculino.  

En un país sin apenas parque público de vivienda, y con escasos o nulos controles al mercado privado, la especial precariedad económica de las mujeres supone un obstáculo de difícil solución. En particular, resulta alarmante la situación de las mujeres jefas de familia que viven de alquiler.  En su caso, según datos de Eurostat, la vulnerabilidad habitacional supera el 50% y compromete de manera generalizada el acceso a otras necesidades básicas como la alimentación o el vestido.  

Una etapa especialmente preocupante es la vejez. En España, aun siendo uno de los países más envejecidos del mundo, las personas mayores son consideradas como una carga. Este edadismo afecta más intensamente a las mujeres por su especial precariedad económica, la carga de cuidados que soportan y la que requieren ellas mismas al vivir más años. Además, los deseos y capacidades de las mujeres mayores están cambiando. La voluntad de liderar sus propias vidas, y el rotundo fracaso de las residencias requiere nuevas políticas habitacionales.  

Dinero, (tiempo) y una habitación propia 

“Una mujer debe tener dinero y una habitación propia”. Virginia Wolf, 1929. Más de noventa años después, las penurias económicas que soportan las mujeres siguen comprometiendo su derecho a una vivienda digna. Frente a ello las respuestas necesariamente van a tener que ser complejas.  

        "Ni la mejor política de control de rentas, ni las ayudas al pago del alquiler, permitirán que todas las mujeres puedan acceder a un alquiler de mercado"

Un primer esfuerzo debería concentrarse en disponer de información y garantizar su participación. Conocer la magnitud de la tragedia, las necesidades concretas de las mujeres –mujeres negras, migrantes, solteras, cabeza de familia, mayores, con discapacidad, con mayores a su cargo, lesbianas, trans, etc.– y garantizar su participación en la concepción de las políticas sería un primer paso imprescindible. Se trataría de analizar desde una perspectiva interseccional las carencias habitacionales de las mujeres, el esfuerzo económico que deben realizar y la calidad de sus viviendas.  Paradójicamente, pese a la relevancia social que el feminismo ha adquirido en los últimos años, la falta de información y de análisis públicos habitacionales desagregados es notoria. Hasta el punto de que es más fácil conocer las nacionalidades de los compradores de vivienda y la rentabilidad del mercado de alquiler, que el impacto de las ayudas al alquiler o a rehabilitación en términos de género. 

Un segundo aspecto relevante tiene que ver con la presencia de mujeres en la concepción y liderazgo de políticas de vivienda, y el impulso de acciones destinadas a revertir el patriarcado. En este sentido, es cierto que en la esfera pública cada vez es mayor la existencia de ministras, parlamentarias, y concejalas con responsabilidades habitacionales y también de ministerios, departamentos y concejalías dedicados a la igualdad de género y al feminismo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de mujeres de clase media y alta, blancas y autóctonas. Una realidad que se aleja de una población cada vez más precarizada, mestiza y con orígenes diversos. En cualquier caso, donde la desigualdad es claramente visible es en el sector privado. No hay más que ver los foros y debates con los principales agentes inmobiliarios para percatarse de la sobrerrepresentación de hombres “blancos” de clase media y alta. 

Las mejores prácticas habitacionales muestran que un tercer aspecto imprescindible para mejorar el derecho a la vivienda de las personas precarizadas supone corregir los desmanes del mercado. Se trataría, de acuerdo con el mandato constitucional, de garantizar la función social de la vivienda, sancionar la especulación y someter la riqueza al interés general. En la práctica estaríamos hablando de medidas a simple vista generalistas, como prohibir alquileres abusivos y alargar la duración de los contratos, impedir el acoso inmobiliario o facilitar la renovación y adecuación de los edificios. Efectivamente, una política de vivienda preocupada por la situación habitacional de las mujeres va a tener que regular el mercado privado de alquiler. Como señala Carme Trilla, una especie de selección natural ha ocasionado que actualmente sólo residan en alquiler rentas antiguas, personas que no han podido acceder a la compra, y un pequeño sector por convicción. Esto es, mujeres mayores con rentas antiguas, migrantes y jóvenes. 

En cuarto lugar, es urgente mejorar las viviendas existentes en términos energéticos y de accesibilidad. La mayor esperanza de vida de las mujeres, y su peor estado de salud, las hace más vulnerables a la falta de ascensores o a la existencia de bañeras. Por su parte, el mal aislamiento y los altos precios de la factura de la luz hacen que la pobreza energética las perjudique intensamente. En Barcelona, dos de cada tres de las personas usuarias del programa de asesoramiento energético son mujeres, con una presencia mayoritaria de mujeres mayores que viven solas. 

         "El propósito es diseñar viviendas y barrios sin sesgos patriarcales. Sin jerarquías, capaces de potenciar otros saberes en pie de igualdad"

Finalmente, junto a intervención en el mercado privado, una política de vivienda feminista tiene que ampliar el parque público destinado a personas con escasos recursos económicos. Ni la mejor política de control de rentas, ni las ayudas al pago del alquiler, permitirán que todas las mujeres puedan acceder a un alquiler de mercado. En Barcelona, por ejemplo, el 61% de los pisos de emergencia destinados a unidades familiares desalojadas se destinan a mujeres. Otros programas con un claro sesgo de género, sin que existan cuotas para mujeres, son las reservas de pisos para familias monoparentales y las viviendas con servicios para personas mayores. Esto es así porque el grueso de familias monoparentales está a cargo de mujeres y por la mayor vulnerabilidad de las mujeres mayores. De tal forma que el 90% de los pisos destinados en la ciudad a familias monoparentales se destinan a mujeres, y más del 70% de las viviendas para personas mayores se adjudican a mujeres. Estos son sólo algunos ejemplos de programas amplios, centrados en la precariedad, que benefician especialmente a mujeres. Podría abordarse también el impacto de género de las ayudas al pago del alquiler, de las reservas de pisos para jóvenes o del propio parque público en su globalidad.  

La idea, en cualquier caso, es mostrar que una política feminista de vivienda es imprescindible que atienda las dificultades económicas para disponer de una vivienda adecuada. Ya sea revirtiendo los desfases del mercado privado, facilitando ayudas o bien poniendo pisos públicos a disposición de colectivos especialmente vulnerables. Esto no excluye la necesidad de políticas habitacionales específicamente orientadas a mujeres, como las viviendas destinadas a mujeres víctimas de violencia machista. Pero en términos generales, en un contexto habitacional caracterizado por la especulación y la lógica del beneficio ilimitado, la ausencia de vivienda asequible, la principal dificultad de las mujeres para acceder a una vivienda, está directamente relacionada con su especial precariedad económica.  

Cocinas con vistas 

Llegados a este punto, la pregunta sería cómo, a través de la vivienda y su entorno, poner en práctica nuevos valores. Como afirma Leslie Kern en su fantástico libro Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, las medidas de igualdad económica no pueden ser la única solución. Ciertamente, nos recuerda, salarios con los que se pueda vivir, una vivienda que se pueda pagar, guarderías gratuitas y una atención médica accesible son componentes clave en casi cualquier visión feminista de la ciudad. Pero resulta erróneo esperar a resolver lo económico para atender las cuestiones de género, raza y sexualidad.

El propósito es diseñar viviendas y barrios sin sesgos patriarcales. Sin jerarquías, capaces de potenciar otros saberes en pie de igualdad. Tal y como subrayan geógrafas, arquitectas y sociólogas, los lugares físicos como las ciudades y las propias viviendas moldean las relaciones sociales, el poder y la desigualdad. Así que, si queremos propiciar el cambio social, la configuración de la vivienda importa. El objetivo sería disponer de pisos y entornos que faciliten la doble jornada, el trabajo pago e impago, la corresponsabilidad de todas las personas que conforman la unidad familiar y del resto de la comunidad. El concepto no es nuevo. Las primeras feministas materialistas ya concretaron proyectos de casas y comunidades que facilitaban la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. En Barcelona, al igual que en tantas otras ciudades, el parque público ya se está diseñando a través de nuevas pautas que consisten en potenciar espacios adaptables a una diversidad de funciones y de familias.  

Para facilitar la flexibilidad y la versatilidad, por ejemplo, las habitaciones disponen de los metros suficientes para permitir diversas distribuciones de las camas y el mobiliario. También se busca una cierta igualdad en el tamaño de los dormitorios. En relación con la cocina la consigna consiste en posibilitar la participación de todos sus habitantes y fomentar un diseño abierto al comedor. Esta abertura debe facilitar el contacto visual y las tareas de cuidado mientras se elaboran los alimentos, pero sin renunciar al descanso de las personas más implicadas en las tareas culinarias. La intención, en definitiva, es dignificar los espacios de trabajo doméstico como la cocina y el lavadero. Porque como dicen las arquitectas de Cierto Estudio no es lo mismo cocinar con vistas, que hacerlo en cuartos oscuros y mal ventilados. Además, para revertir la soledad no deseada se dotan de espacios comunes que inviten a socializar, ya sean huertos comunitarios, salas polivalentes o terrazas compartidas. 

Seguramente, el modelo más completo de política de vivienda feminista, capaz de asumir los retos de la covid19, son las alianzas público/comunitarias para promover vivienda cooperativa. Basado en las mejores experiencias de Uruguay y Dinamarca, el nuevo cooperativismo que se impulsa en Barcelona garantiza el protagonismo de las usuarias desde el primer momento y utiliza el espacio como una herramienta para prevenir el aislamiento y socializar los trabajos domésticos y de cuidado. Frente a la especulación, propone la propiedad colectiva y mantiene la titularidad pública del suelo. En su esfuerzo por luchar contra el cambio climático apuesta por el uso de materiales sostenibles y nuevas técnicas constructivas. 

Pensar la vivienda desde una perspectiva feminista comporta cambios profundos. Supone dejar atrás el modelo de residencias que ha condenado a muerte a miles de personas mayores durante la pandemia, y promover, como reivindican Irati Mogollón García y Ana Fernández Cubero en Arquitecturas del Cuidado, un envejecimiento activista. Está estrechamente vinculado con el respeto a la naturaleza. Exige un nuevo diseño de las casas que revalorice y socialice el trabajo doméstico y de cuidados, y una nueva relación en pie de igualdad con la administración pública. Significa, en definitiva, desde concebir la vivienda como un bien se uso, hasta diseñar nuevas relaciones más igualitarias dentro y fuera del espacio doméstico.