La ciudadanía tiene derecho a saber qué intereses hay al detrás de las denuncias contra el Ayuntamiento de Barcelona y quién financia las operaciones de lawfare contra Barcelona en Comú. Lo ha dicho la alcaldesa Ada Colau en su comparecencia este mediodía para mostrar su «absoluta perplejidad» por la reapertura de la causa por subvenciones a entidades sociales, que ha sido investigada y archivada ya en dos ocasiones por Fiscalía y por un juzgado, que como ha dicho la alcaldesa «llegaron a la conclusión, después de investigaciones amplias y mi propia declaración, de que no había ningún indicio ni ninguna prueba de ninguna causa, y aun así ahora se vuelve a reabrir sin que haya ningún hecho ni prueba nuevos».
Colau ha subrayado que la denuncia la pone la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, «una entidad fantasma» como ya destacaron muchos medios de comunicación hace unos meses, «a quienes no se le conoce más actividad que pleitear de forma reiterada contra el Ayuntamiento de Barcelona y el de Valladolid» para evitar la remunicipalización del agua.
La alcaldesa ha dicho que «llama mucho la atención que una entidad fantasma como esta pueda alargar artificialmente una causa y abusar de los recursos públicos y de los tribunales» y ha lamentado que se pueda hacer «un mal uso de la justicia en nuestro país, claramente con intencionalidades políticas, para hacer ruido y generar la sombra de la duda sobre el Ayuntamiento de Barcelona». Colau ha querido ser muy clara en este sentido, reivindicando y defendiendo el trabajo del consistorio: «No tengo absolutamente ninguna duda sobre la excelencia de los servicios internos», ha declarado.
Colau también ha dejado claro que con la reapertura de la querella archivada en dos ocasiones «no nos asustan y si lo pretenden consiguen lo contrario, nos reafirman en nuestros objetivos: seguir trabajando para promover la participación ciudadana, el debate sobre la gestión pública del agua o la defensa del derecho a la vivienda frente los fundes buitres».
Finalmente, la alcaldesa ha reiterado el convencimiento de su grupo que «no hay ninguna base porque ya lo dijo Fiscalía y un juzgado» y ha acabado pidiendo la colaboración de la ciudadanía y los medios de comunicación «porque ya es hora que sepamos quién está al detrás de esta entidad fantasma, quién financia estas actuaciones judiciales reiteradas que se alargan en el tiempo y que cuestan mucho dinero».